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lunes, 12 de septiembre de 2016

Desalojo > Procedimiento - Notificación bajo responsabilidad - Incidente de nulidad - Improcedencia - Principio de trascendencia

Se desestima la apelación y se confirma la decisión de grado que rechazó el incidente de nulidad del traslado de la demanda, pues si bien la accionada nulidicente acreditó que al momento de la diligencia ya no residía en el lugar donde se practicó la notificación y la notificación bajo responsabilidad se autorizó solo con base en lo informado al notificador por personas que no fueron individualizadas, de modo que, si se hubieran cursado los pertinentes pedidos de informes hubiera surgido claramente que el domicilio registrado de la demandada no era el que el actor le asignaba, en virtud del principio de trascendencia corresponde desestimar el planteo de nulidad frente a la improcedencia de la única defensa a la que hace referencia la nulidicente, que se limitó a resistir el desalojo alegando su la falta de legitimación pasiva con sustento en que ya no residía en el inmueble cuyo desalojo se pretende, reconociendo la existencia del contrato de comodato precario, de modo que la obligación de restituir no se puede considerar cumplida por el mero retiro de la finca, lo que deja en evidencia que la única defensa a la que se hizo referencia al introducir la nulidad se perfila notoriamente improcedente. De este modo, teniendo en mira el criterio restrictivo que cabe emplear en materia de nulidades procesales (derivado del principio de conservación), que se acrecienta -aún más- cuando el proceso ha llegado a un grado muy considerable de avance (de hecho, y en realidad, estaba concluido), la nulidad planteada no debe prosperar.
Ruiz, Ricardo vs. Ruiz, Benita y otra s. Desalojo. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Sala II, Morón, Buenos Aires; 07-jun-2016.

miércoles, 22 de junio de 2016

Contingencias generales > Acumulación de procesos > Trámite - Improcedencia - Juicio de desalojo - Acción de daños y perjuicios

No obstante ello, el juicio de desalojo es un procedimiento especial, que tiende a la celeridad de la acción para que la persona que se crea con un título suficiente, obtenga el inmueble de aquel que se encuentra obligado a restituirlo por lo que es ajeno a cualquier otra pretensión que se intente debatir. Y con ello se agota el litigio, no resultando viable acumular otras pretensiones que desvirtúen el objeto especial o particular de esta clase de proceso planteando cuestiones que no coinciden con su estructura. Por lo tanto, la forma especial del proceso del juicio de desalojo, que gira sobres ejes diversos a los que sirven para acotar los respectivos territorios del plenario y del proceso sumario estricto, difiere también del tipo de proceso de conocimiento que debe tomar la acción de daños y perjuicios, con notas que marcan una radical diferencia de función y estructura. En este sentido, es improcedente la acumulación de la acción de desalojo, que tramita por el procedimiento de los procesos plenarios abreviados, con las de daños y perjuicios, que debe ventilarse por el carril del juicio ordinario, puesto que obviamente no pueden sustanciarse por los mismos trámites. En autos, se hace lugar al recurso de apelación y se revoca la resolución de grado que hizo lugar a la solicitud de la parte demandada y ordenó la acumulación del juicio de desalojo por falta de pago con la acción de daños y perjuicios que dicha parte inició contra el accionante.

C. F. vs. N. Y. A. s. Desalojo por falta de pago. Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial Sala I, San Isidro, Buenos Aires; 02-jun-2016.

martes, 1 de diciembre de 2015

Desalojo > Procedimiento - Inmueble habitado por menores - Nulidad de todo lo actuado - Falta de intervención del Ministerio Público

Constatado que la Asesora de Incapaces tuvo intervención en el proceso de desalojo luego del dictado de la sentencia de primera instancia que dispuso el desahucio, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley y se revoca la sentencia confirmatoria de la decisión de grado que desestimó el planteo de nulidad de todo actuado por falta de intervención del Ministerio Pupilar en su condición de representante promiscuo de las personas menores de edad, devolviendo los autos a la instancia de origen para que se integre la litis con la participación de la Asesora de Incapaces y de uno de los menores que adquirió la mayoría de edad. Ello así, pues la Cámara ha cercenado el derecho de defensa de los niños para hacer valer la protección de la vivienda y su patrimonio, al limitar la participación del Ministerio Público a un rol meramente formal de intervención y supeditar su actuación a la defensa eficaz ejercida por los padres de los menores. Con el criterio de interpretación normativo seguido por la alzada que desconoce la representación dual como medida específica de compensación, se ha privado a los niños de esta defensa reforzada de la que son titulares conforme el abordaje específico previsto en la ley, la Constitución y los tratados internacionales. La Asesora de Incapaces ha puntualizado las defensas de las que se ha visto privada de hacer valer en representación de los menores, relacionadas con la posesión que los demandados ejercen en relación al inmueble y a la falta de legitimación para accionar por la vía del desalojo de la parte actora, quedando evidenciado de modo acabado el cumplimiento del principio de trascendencia, extremo esencial en esta especial pretensión nulitiva (art. 172, CPCC de la Provincia de Buenos Aires). A ello se suma la necesidad de materializar el derecho de los menores a ser oídos y a participar en todo proceso judicial con las garantías judiciales para asegurar una defensa adecuada.

Balint, Roberto Oscar y otra vs. F., G. A. y otros s. Desalojo. Suprema Corte de Justicia, Buenos Aires; 18-11-2015

martes, 6 de octubre de 2015

La Justicia confirmó una demanda de desalojo de un inmueble dado en locación como taller mecánico, donde habitaba un menor de edad.

 En los autos “T. S.A c/ S. R. y otro s/desalojo por vencimiento de contrato”, la Sala H de la Cámara Civil confirmó la decisión que hizo lugar a la demanda de desalojo de un local destinado exclusivamente para taller mecánico de automóviles.
Contra la decisión de la magistrada de grado, la demandada centró sus agravios en que "en el inmueble cuyo desalojo se ordena habita su nieto que es menor de edad y se ha dictado sentencia sin darle intervención al Ministerio Pupilar”.
Por su parte, la Defensora de Menores de Cámara refirió que “la sentencia dictada vulnera derechos fundamentales del menor de edad al que representa consagrados en instrumentos internacionales de jerarquía constitucional y solicita la suspensión del procedimiento hasta que se satisfaga el derecho a la vivienda del niño, debiéndose dar intervención al órgano administrativo correspondiente”.
En 2014 se dictó la sentencia cuestionada que hizo lugar a la demanda de desalojo respecto del inmueble mencionado, bajo apercibimiento de lanzamiento. Sin embargo, en la diligencia de notificación del traslado de la demanda a subinquilinos y/u ocupantes surge que “el inmueble locado se encuentra ocupado por el Sr. R. A. S. conjuntamente con su padre, funcionando como taller, no teniendo subinquilinos”.
Los camaristas destacaron que "el demandado, R. S., en su contestación de demanda, nada adujo sobre la existencia de menores en el lugar, circunscribiendo su presentación a una serie de defensas de índole procesal”.
Por otro lado, los jueces explicaron que “del instrumento base del presente proceso de desalojo, esto es el contrato de locación, surge que el bien fue locado al demandado siendo su destino exclusivamente para taller mecánico de automóviles estando prohibido cambiar el destino, sin autorización escrita del locador  y no estando permitido al locatario ceder total o parcialmente y/o sublocar y/o permitir la ocupación por terceros del inmueble locado”.
“Pese a que el inmueble fue dado en locación para ser utilizado como taller mecánico exclusivamente y el demandado nada adujo en la oportunidad respectiva de la existencia de un menor, se dio oportuna intervención al Ministerio Pupilar”.
Al respecto, los camaristas señalaron que “la denuncia de que un menor habita el inmueble no fue puesta en conocimiento de la magistrada de grado, puesto que ello recién se hizo saber una vez que se dictó sentencia”. Y agregaron: “El planteo de existencia de un menor tiene un objetivo meramente dilatorio, máxime que ello estaba expresamente prohibido en el mismo contrato de locación donde se previo que el inmueble sería destinado a taller mecánico de automóviles”.